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Santa Lucía ha sido alternativa de calidad; ataques, infundados


* Ahoga el IMSS a empresas que compiten por contratos, para mantener corrupción con Fresenius


Jorge Romero Rendón



El próximo 15 de julio debe renovarse la contratación de una Unidad Médica Subrogada de Hemodiálisis en Acapulco, para la que el IMSS Guerrero publicó ya una convocatoria que vuelve a ser fraudulenta, en la medida en que omite de nueva cuenta el requisito de cumplir con el Anexo T-10 referido a la seguridad de los derechohabientes en materia de Protección Civil. Omisión que ya se cometió en mayo para favorecer a la empresa Fresenius Medical Care.

Efectivamente, el IMSS acaba de difundir la Convocatoria LA-050GYR001-E261-2021 para el “Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Subrogada” para el período del 15 de julio al 31 de diciembre de este año, en la que omite el requisito de seguridad en materia de protección civil, de nueva cuenta (no incluye el Anexo T-10).

Y para evitar más desencuentros con los problemas de corrupción y competencia, el IMSS a nivel central mandó a hacer un estudio de mercado para cubrir el servicio de enero del 2022 a diciembre del 2024, lo que implicará una licitación trianual en los mismos términos y condiciones, eliminando también el Anexo T-10 sobre seguridad para los derechohabientes.

Lo curioso es que en otros estados en los que el IMSS opera contratos subrogados para el servicio de hemodiálisis, sí se está incluyendo el anexo sobre seguridad. Lo que quiere decir que al eliminarse ese requisito en Guerrero, lo están haciendo los funcionarios federales para facilitar la asignación de los contratos a Fresenius, y evitar el cuestionamiento de que violan la normatividad, para seguir disfrutando de las mieles de la corrupción.

Como ya le hemos informado en este espacio, Fresenius ha operado por años violando la Ley de Protección Civil en connivencia con funcionarios del IMSS Guerrero encabezados por la delegada federal, Josefina Estrada Martínez.

Esa empresa ha presentado dictámenes falsos elaborados por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del ayuntamiento de Acapulco, en los que se omite la existencia de una gasera a menos de 90 metros de distancia de la clínica de Fresenius, cuando la norma vigente ordena que ese tipo de instalaciones debe estar a 150 metros, para evitar un riesgo potencial por explosión e incendio.

Esa empresa alemana ha operado de común acuerdo con funcionarios del IMSS en un régimen denunciado de corrupción para garantizar que obtenga los contratos del servicio subrogado de hemodiálisis para pacientes del IMSS una y otra vez. El tamaño del botín ha justificado para Fresenius y para la institución llevar a cabo todo tipo de maniobras para no dejarlo ir:

El contrato anual representa un ingreso de casi 100 millones de pesos para la empresa, cantidad de la que un 10% iría a parar a los bolsillos de los funcionarios que manejan las licitaciones y adjudicaciones. Hasta 10 millones de pesos estarían siendo repartidos entre unos pocos titulares de las áreas administrativas desconcentradas y de prestaciones médicas del IMSS.

Por eso, en las pocas ocasiones en las que el contrato se ha otorgado a otra empresa, de inmediato Fresenius saca a la calle a un grupo de la llamada Asociación de Enfermos Renales del Estado de Guerrero, para que protesten, bloqueen calles y exijan que el servicio se los de… Fresenius.

De hecho, los dos contratos que a inicios de año adjudicó el IMSS a otra empresa llevaron a dos reacciones: las protestas de los enfermos liderados por la señora Miriam Fajardo; y a que, en el colmo del cinismo, los funcionarios de esa institución eliminaran en la convocatoria del 12 de mayo pasado el requisito de seguridad, porque afectaba a Fresenius, para poder regresarle la asignación del contrato.

Y eso es justamente lo que estarían preparando los funcionarios del IMSS para renovar contrato al 15 de julio: volver a eliminar el requisito de seguridad, para darle a Fresenius la exclusiva… y llenarse los bolsillos de dinero sucio de sus “comisiones”, a costa de la integridad de los derechohabientes, y de la honradez que les demanda su jefe, el presidente Manuel López Obrador…

Santa Lucía le contó al presidente cómo pretendieron ahogarla en el IMSS…

Los directivos de la empresa Operadora de Servicios de Salud Santa Lucía, empresa acapulqueña que se atrevió a competir con Fresenius para dar el servicio subrogado de hemodiálisis al IMSS limpiamente, concursando legalmente y “garantizando calidad óptima, instalaciones adecuadas, equipo moderno y altos estándares de capacitación de su personal, así como de seguridad regulada por la ley”, se ha topado con el muro de la corrupción y de los intereses creados por la empresa alemana y los funcionarios federales que controla.

En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, con copia para el director general del IMSS, Zoe Robledo Aburto, los directivos de Santa Lucía detallan las prácticas de corrupción en que incurren funcionarios del IMSS y de Protección Civil municipal, tanto por el manejo de documentos apócrifos, como por “el acceso que le dan a Fresenius la delegada federal, el jefe de Prestaciones Médicas y el jefe de Servicios Administrativos –entre otros-, de información confidencial sobre procesos de contratación, conduciéndose bajo prácticas ilícitas, para beneficiarse en la obtención de contratos”.

Pese a esas prácticas, Santa Lucía obtuvo dos contratos al inicio de este año 2021: el IMSS inició el proceso de adjudicación directa número AA-050GYR001-E420-2020 para prestar el servicio de hemodiálisis en Acapulco, invitando a la empresa Operadora de Servicios de Salud Santa Lucía, por el período del 1 de enero al 15 de marzo del 2021, que luego renovó mediante el evento de adjudicación AA-050GYR001-E100-2021 para cubrir el período del 16 de marzo al 15 de mayo pasado.

En ambos contratos adjudicados a Santa Lucía se exigió cumplir con el Anexo T-10 en materia de Protección Civil, que garantizara plena seguridad a los pacientes, además de que el IMSS supervisó que las instalaciones, los equipos y el personal calificado cumplieran altos estándares de calidad, por lo que el servicio se dio de conformidad.

Para cumplir con esos contratos, además de la capacidad instalada de Santa Lucía, funcionarios del IMSS presionaron y obligaron a esta empresa a llevar a cabo diversas adecuaciones en sus instalaciones y equipamiento, lo que significó una importante inversión y endeudamiento.

Con todo, las supervisiones periódicas llevadas a cabo por personal del IMSS transcurrieron con normalidad, y de hecho se avaló la calidad del servicio que le dieron a los derechohabientes de hemodiálisis. De ahí que los reportes oficiales descartan por completo las acusaciones de mal servicio que lanzaron en sus protestas los seguidores de Miriam Fajardo, pues su objetivo mediático era presionar para que le regresaran el contrato a Fresenius.

Santa Lucía dio el servicio cumpliendo todas las condiciones del contrato del 1° de enero al 15 de mayo de este año, y se preparó para concursar para la renovación por el período del 16 de mayo al 15 de julio. Pero para sorpresa de sus directivos, el IMSS cambió los términos entre dos convocatorias emitidas el 5 y el 12 de mayo, con lo que esta última, de número AA-050GYR001-E209-2021 eliminó el requisito de seguridad (el Anexo T-10) con la que sólo se invitó a Fresenius y se le otorgó el contrato, sin mediar explicación para los empresarios de Acapulco.

De modo que ahora, cuando Santa Lucía vuelve a prepararse para concursar legalmente, se topa con que el proyecto de nueva convocatoria para otorgar el contrato a partir del 15 de julio se omite de nueva cuenta el requisito de seguridad con la obvia intención de volver a favorecer a Fresenius. Y quedando en medio de todo el riesgo para los derechohabientes en caso de un accidente con la gasera.

En todo el proceso, los empresarios acapulqueños que han querido participar limpiamente ofreciendo un servicio de calidad, se han enfrentado a las trampas y a la corrupción que ha hecho cómplices a los directivos de Fresenius –incluyendo a su brigada de protestas- y a los del IMSS Guerrero de la forma más descarada, pues sus manejos han quedado registrados en sus propios documentos oficiales.

Para colmo, los empresarios que operan Santa Lucía han estado enfrentando serias complicaciones financieras, tanto por su inversión como por el endeudamiento provocado por las exigencias de funcionarios del IMSS, a lo que se suma su voluntad por mantener en servicio su clínica de hemodiálisis para seguir estando en posición de competir por el contrato con Fresenius y volver a dar el buen servicio que prestaron de enero a mayo pasado.

Esas dificultades ilustran cómo se ha buscado el ahogamiento financiero de una empresa local para tratar de eliminarla como competencia, a pesar de que aporta empleo y paga impuestos en Acapulco, frente a una empresa trasnacional como Fresenius, que se lleva sus ganancias a Alemania corrompiendo de paso a funcionarios de un gobierno que ofreció “no robar, no mentir…” etc.

Eso es lo que le contaron al presidente Obrador, en espera de que doña Josefina Estrada, delegada federal del IMSS en Guerrero, cumpla con lo ofrecido a los mexicanos por su jefe desde hace tres años.

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