Diputada propone ampliar penas contra las personas que talen ilícitamente árboles
En caso de afectar un área natural protegida, se busca que la pena aumente hasta tres años más
Para castigar de uno a ocho años de prisión a quien ilícitamente derribe o tale uno o más árboles, y en caso de afectar un área natural protegida la pena aumente hasta tres años más, la diputada Norma Otilia Hernández Martínez presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado.
En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la diputada de Morena señaló que de acuerdo con información de la Procuraduría de Protección Federal al Ambiente (Profepa), en promedio, cuatro de cada 10 árboles que se talan en el país no cuentan con autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Dijo que en el caso de Guerrero, la deforestación es grave y que en marzo del 2019 fueron denunciados comisarios ejidales, principalmente de la región de la Montaña, de permitir a propietarios de aserraderos foráneos la tala inmoderada de árboles de pino, cedro y caobilla, ocasionando un costo irreparable para el medio ambiente.
También refirió que en Chilpancingo, a mediados de septiembre de 2019, policías municipales en coordinación con la Dirección de Recursos Naturales y Ecología detuvieron a dos personas cuando talaban árboles sin permiso ni dictamen en un área cercana al Mercado “Benito Juárez”, en franca violación de las leyes ambientales.
Por estas razones, Hernández Martínez planteó reformar el artículo 359 del Código Penal del Estado para imponer de uno a ocho años de prisión y de 50 a 800 días de multa a quien ilícitamente derribe, tale u ocasione daño a uno o más árboles, y que la pena de prisión aumente en tres años más y la multa hasta en mil días para el caso en que se afecte un área natural protegida.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
Iniciativas
El Ejecutivo estatal remitió al Congreso del Estado una iniciativa para abrogar el decreto número 13 que crea el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero (REPSSG) como organismo público descentralizado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de diciembre del año 2015. El documento se turnó a la Comisión de Salud.
Para instaurar un órgano interno de control en el Congreso del Estado, que conozca de las irregularidades administrativas que pudieran cometer sus servidores públicos, el diputado Marco Antonio Cabada Arias (Morena) propuso reformar a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Por su parte, el diputado Moisés Reyes Sandoval presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre para cambiar la figura de Comisarios Vocales por la de Secretario y Tesorero, y para eliminar la facultad del Cabildo de designar a los delegados a propuesta del presidente, de modo que sean electos cada tres años mediante procedimientos de elección vecinal y por planilla, durante la última semana del mes de junio del año en que deban renovarse. La propuesta se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
Clausura
El presidente de la Mesa Directiva, Alberto Catalán Bastida, clausuró los trabajos legislativos del segundo Periodo de Receso, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional. En su mensaje previo, resaltó que las tecnologías digitales han sido esenciales para el desarrollo de las actividades parlamentarias, como lo es el tablero electrónico y las trasmisiones en vivo que han ampliado la cobertura informativa entre la población. Destacó que, ante la emergencia sanitaria, se implementaron las sesiones virtuales, acción que ayudó a no generar parálisis en la agenda legislativa. Por todo esto, reconoció a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente por su voluntad y responsabilidad con el trabajo en esta etapa difícil, e hizo un llamado a los grupos, representaciones parlamentarias y legisladores sin partido para mantenerse unidos en lo que resta de la Legislatura, dejando de lado las actitudes polarizantes y divisionistas que obstaculizan el avance legislativo.
Plantean reforma para sancionar a quienes no se sujeten a medidas sanitarias
Para castigar de uno a cuatro años de prisión a quien, con o sin conocimiento de que padece una enfermedad contagiosa, evite sujetarse a las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de Salud federal y estatal, el diputado Moisés Reyes Sandoval propone reformar el Código Penal del Estado de Guerrero.
En su iniciativa, el legislador de Morena plantea la necesidad de realizar dichas adecuaciones porque en diferentes estados se han presentado casos de personas contagiadas de Covld-19 que no se aíslan, como lo estipula la Secretaría de Salud, y salen a realizar compras o actividades recreativas, poniendo en riesgo la salud de las demás personas.
Dijo que de acuerdo con las estadísticas, y a pesar de los constantes llamados de las autoridades para que la población se quede en casa y evitar contagios del coronavirus, México está en el sótano en cuanto a la reducción de la movilidad en espacios públicos.
En ese sentido, manifestó que es necesario que la sociedad, de una u otra manera, entienda que la pandemia aún no ha terminado y el riesgo de contagio sigue latente. “La única forma de ganar esta batalla ante el virus es que todos pongamos de nuestra parte, acatando cada una de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades de Salud estatales y federales”.
Por ello propuso reformar el artículo 170 del Código Penal, para establecer que a quien con conocimiento de que padece una enfermedad grave en periodo infectante pone en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, se le impondrán de 1 a 4 años de prisión y de 50 a 200 días multa.
En la propuesta de reformas al Código Penal local, que se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis, el legislador también plantea establecer que se comete el delito de peculado cuando los recursos materia de éste sean aportaciones para los fines de seguridad pública y/o salud, por lo cual se aplicará hasta un tercio más de las penas establecidas.
Reyes Sandoval señala que esta reforma es necesaria porque durante esta pandemia no ha faltado quien busque sacar provecho de los equipos médicos para la atención del virus, teniendo por objeto el robo y venta de ellos.
Especificó que esta situación ha ocurrido en diversos estados, y puso como ejemplo el hurto de ventiladores mecánicos en instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Piden atención a conflicto entre habitantes de dos comunidades
El Congreso del Estado aprobó un exhorto al Ayuntamiento de Copala para que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61, fracción VI de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, atienda conforme a su competencia legal, y de ser necesario exponga en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, el conflicto entre pobladores de la comunidad de Cañada de Arroz e integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado (UPOEG).
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Seguridad, el diputado Heriberto Huicochea Vázquez dijo que este exhorto se deriva de un escrito de Jaime García Guzmán, comisario municipal de la citada comunidad, en que solicita al Congreso su intervención y apoyo para que se instruya a quien corresponda para dar seguridad a la comunidad, ya que la población no se manda por usos y costumbres.
En el escrito señalan que los habitantes de esta comunidad tienen miedo de salir a hacer sus labores por temor a ser detenidos por un grupo de personas que se autonombran policías comunitarios de la UPOEG, quienes recientemente llegaron al lugar y con los que la mayoría de la comunidad no se ha inmiscuido ni está de acuerdo.
De esta manera, agregó, y para evitar más daño a los ciudadanos que ahí viven y desempeñan su labor pacíficamente, es que se pide la intervención del Poder Legislativo para que dichas personas se retiren de la comunidad.
Por ello se exhortó al Ayuntamiento de Copala para que, conforme a sus competencias legales, atienda y dé seguimiento al escrito de origen, y de ser necesario exponga en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz la problemática que se vive, de modo que entre los tres órdenes de Gobierno se establezcan de manera conjunta las acciones que permitan devolver la tranquilidad en Cañada de Arroz.
Asimismo, se exhortó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para que brinde apoyo y asesoría al Ayuntamiento de Copala en la atención y seguimiento de la problemática que enfrentan los habitantes de dicha localidad.
